La Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023-2026, fue aprobada el pasado 28 de diciembre de 2022 por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 334 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Se trata de un instrumento jurídico vinculante con el que se pretende hacer efectivos los objetivos perseguidos por el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, reforzando el marco de la contratación pública y promoviendo una contratación estratégica y eficaz.
Esta Reforma afecta a todo el sector público (estatal, autonómico y local) pudiendo convivir con otras estrategias autonómicas, de manera que, las Comunidades Autónomas, en coherencia con la Estrategia Nacional, podrán crear sus propias estrategias por razones singulares del mercado.
En definitiva, destaca por ser un instrumento para otras políticas y sus objetivos pueden resumirse en los siguientes puntos:
- Combatir la corrupción e irregularidades mediante la elaboración de un mapa de riesgos, mediante la planificación y programación de actuaciones de supervisión y mediante la mejora del control de la legalidad ex ante y ex post de procedimientos de adjudicación.
- Incrementar la profesionalización de los agentes públicos de la contratación. Aunque la ley habla de agentes públicos, también hace una breve referencia a la profesionalización de los agentes privados.
- Promover la eficiencia económica a través de la mejora de los criterios de adjudicación, favorecer la agilidad de los procedimientos, potenciar la contratación centralizada, así como promover el acceso de más licitadores.
- Generalizar la contratación electrónica en “todas las fases del procedimiento” y establecer una Estrategia Común de Datos.
- Poner en valor la contratación pública para apoyar políticas sociales, ambientales y de innovación.
- Promover la participación de las PYME en el mercado de la contratación pública.
- Promover un marco normativo claro y estable que garantice la seguridad jurídica en el ámbito de la contratación pública.
